Durante todos estos meses, la palabra cultura ha estado indiferente en la boca de todos los candidatos a puestos de Presidencia. Algunos la han mencionado en sus Planes de Gobiernos; otros la recordaron fríamente en los debates que se dieron en los medios de comunicación.
No se trata sólo de numerar acciones como una lista de supermercado que promueve los grandes eventos; un concepto de cultura de fuegos artificiales, donde sólo importa la rentabilidad política de la inversión del Estado, sin articulación y visión de país. Esta percepción no habla muy bien del concepto de cultura que tienen los candidatos, quienes parecen verla como un componente más y que sólo sirve para el entretenimiento y diversión de la familia panameña.
Se trata de crear una política cultural que se consolide como política pública. Se trata de tener una política que dentro de la agenda de Gobierno la cultura sea tomada en cuenta como una finalidad para el desarrollo del país. Una política de cultura que sea considerada a la hora de interactuar con otros sectores gubernamentales en la formulación de los planes de desarrollo.
En muchos países de América Latina, ya se ha reconocido la cultura como un componente estratégico para el desarrollo de un país. Desafortunadamente, parece que no está en los planes de nuestros futuros líderes elaborar un plan estratégico hacia un desarrollo que tome en cuenta las especificidades culturales. Necesitamos una política cultural que se construya nuevos canales de comunicación con otros sectores vinculados al desarrollo.
Los conceptos de desarrollo y cultura están estrechamente ligados y son fundamentales para construir estrategias y toma de decisiones que puedan aportar al problema de la injusticia social. "El desarrollo no se limita a la consideración de aspectos económicos, sino a todos los ámbitos del quehacer humano que conducen al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos", asegura la UNESCO. Todas las acciones que implican el mejoramiento del desarrollo humano tienen que ver con la cultura. Esto deberían tenerlo claro los candidatos que supuestamente, en estos momentos están muy preocupados por la inseguridad y la juventud, por ejemplo.
Es necesario crear una política cultural más acorde con las necesidades del sector. Se requiere con urgencia profesionalizar a los gestores culturales (que en este país son empíricos); invertir en la investigación para generar información que analice las dinámicas del sector (en Panamá no contamos con un Centro de Investigaciones y Estudios Culturales); una política que genere servicios y que fortalezca las industrias culturales; que cuente con una estructura para asesorar a otras instituciones en los problemas sociales, solo para mencionar algunas de esas carencias.
Desde los antecedentes de la formación de la República, Panamá ha tenido siempre una política cultural tradicional implícita o tácita; la mayoría de las veces con una concepción erudita de los hechos del arte por parte de la clase dominante; con transformaciones sociodemográficas y económicas muy desiguales que han afectado, para bien o para mal, el desarrollo cultural.
Ha existido una política cultural sobreentendida y administrada por un sistema estatal a través de la educación formal; una política cultural ecléctica y sincrética por estar enriquecida de un imaginario colectivo pluricultural, que ha servido de resistencia para la identidad nacional; una política cultural intangible con una infraestructura decorosa (archivos, museos, bibliotecas, etc.) que sobrevive gracias a la caridad del Estado y de la benevolencia de alguna que otra empresa privada.
No obstante, no significa que no se haya intentado elaborar esa política. Históricamente, existe un documento publicado en el año 1974, en el marco del programa de la UNESCO, titulado: Política Cultural de la República de Panamá; pero no fue hasta diciembre de 1983, con la administración de Diógenes Cedeño Cenci en el Instituto Nacional de Cultura cuando se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de Política Cultural. Para entonces, se elabora una memoria de 539 páginas que compila las sugerencias de escritores, artistas, historiadores, antropólogos, filósofos, sociólogos, economistas, catedráticos, educadores, estudiantes y hasta obreros. Más tarde, en abril de 1999, bajo la dirección de Jorge Delgado Castellanos, se celebra el Segundo Encuentro de Política Cultural. Esta vez se imprime un documento de apenas 54 páginas con el título de Lineamientos para una política Cultural del Estado Panameño.
Sabemos que con la administración de Reinier Rodríguez se creó un Consejo de las Artes y la Cultura que intentó redactar un nuevo documento. Inclusive, con la administración de Anel Omar Rodríguez se estaba trabajando en una Ley General de la Cultura que podría ser la base jurídica para una Política Cultural (nos consta que el ex Director, recientemente fallecido, estaba muy entusiasmado con este proyecto. Ahora no sabemos si el proyecto murió con él).
Si volvemos para atrás, veremos que, incluso, existe un documento donde se ha intentado crear un Ministerio de Cultura (véase el documento de Jorge Fábrega Ponce, Proyecto de Ley de 1994 que crea un Ministerio de Cultura, con prólogo de Omar Jaén Suárez, Publipan, 1994). Sin embargo, no hemos visto intenciones de crear un Ministerio de Cultura en ninguno de los candidatos, lo que significa que el sector cultura seguirá siendo la Cenicienta del Estado.
Por último, nos permitimos dar un consejo para el próximo mandatario o mandataria de la nación. Lo tomamos prestado de Fátima Anllo, experta española en administración cultural, quien ayudó al Gobierno de Chile en el momento crucial de transición de este país a comienzos de la década del 90 (sí, del 90, estamos bien atrasados en Panamá).
El político está legitimado por las urnas y su compromiso es cumplir con la propuesta de trabajo que ofertó en campaña. La política cultural la tiene que articular el político y la gestiona el gestor cultural. Un peligro eminente (que se ha dado históricamente) es el político que quiere pasar a ser gestor cultural; sería lo mismo que el gestor cultural que quiere ser político; en ambos casos se pierde de vista los objetivos de la política cultural.
Es responsabilidad del Estado que las prioridades de la inversión en el sector cultura no se queden en proyectos atrayentes y sin impacto en la sociedad. Así habrá un verdadero cambio desde la cultura y esto repercutirá en otros sectores que trabajen articuladamente con el sector cultura. Si esto no cambia, no importa si un “loco” o una “chola” llegue al poder y qué tan atractivos sean los planes de su gobierno para la cultura y la educación; no pasarán a ser más que un rosario de promesas acuñadas en la historia triste de la Nación.
