MANIFIESTO AL PAÍS, ASAMBLEA CIUDADANA

Abochornados por el escándalo de corrupción que, proveniente de Italia, al parecer alcanza a  autoridades gubernamentales de nuestro país, con el vergonzoso agravante de que hoy conocemos que el gobierno nacional negocio, albergó y protegió a un delincuente italiano que ya está en manos de la justicia de aquél país por graves acusaciones de corrupción internacional, soborno a autoridades electas de aquel país, desvío ilegal de fondos públicos por 30 millones de euros y proveer prostitutas para las orgías del hoy destituido Silvio Berlusconi, los ciudadanos todos nos mantenemos a la espera de explicaciones claras y definitivas que siguen sin darse por parte del gobierno. Por el contrario, un cúmulo de mentiras y evasivas, cuando no un echarse la culpa unos a otros de los más altos cargos gubernamentales, es lo que se nos da por respuesta.

No cabe la menor duda que la impunidad es la madre de la actual vorágine de corrupción. Ya no nos asombra la inacción de una Procuraduría General de la Nación que al parecer está dedicada a encubrir más que  a investigar y perseguir los delitos que de manera descarada cometen las encumbradas autoridades gubernamentales. Así vemos cómo los escándalos de Juan Hombrón, el terreno de Paitilla y los correspondientes al tráfico de personas, delitos vinculados todos ellos a la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) y la Dirección Nacional de Migración, por solo mencionar unos pocos, han quedado en aguas de borrajas, procurando así la impunidad de funcionarios cuyos cómplices ocupan los más altos cargos en el engranaje gubernamental.

No contentos con la impunidad que les garantiza la inacción de la Procuraduría General, la Contraloría General, la Procuraduría de la Administración y el control que ejercen sobre la Corte Suprema, pretenden ahora imponer el denominado “Proyecto Moncada” para así garantizarse el sometimiento absoluto del Organo Judicial en todas sus instancias, reforzar el férreo dominio que ejercen sobre la Corte Suprema y facilitar el allanamiento domiciliar con claros objetivos represivos de naturaleza política, para lo cual sortean los claros mandatos de nuestra Constitución.

Siendo así, la lucha contra la impunidad y el reestablecimiento del imperio de la Ley, como el caso de las víctimas del dietilenglicol y las violaciones a los Derechos de los Pueblos Indígenas, se constituyen en uno de los objetivos fundamentales de la Asamblea Ciudadana. Para ello hay que plantear como una exigencia irrenunciable la más absoluta transparencia de los actos públicos, lo que nos lleva a considerar la necesaria contratación de auditorías imparciales para verificar que los denominados megaproyectos se han realizado y valorado en estricto apego a la ley.

No podemos dejar de alertar a la ciudadanía respecto al enorme endeudamiento que está contrayendo el actual gobierno. A más de mil millones por año de gobierno asciende el actual crecimiento alarmante de la deuda externa. A más de mil millones por año de gobierno asciende igualmente el escandaloso compromiso de pago de los denominados proyectos “llave en mano”, lo cuales no se suman a la deuda oficial por ser sus pagos diferidos a los años 2014 en adelante. Agréguese a ello los cerca de 900 millones de balboas de deuda de Tocumen, S. A. y Etesa, que tampoco contabilizan por ser empresas separadas de la contabilidad del estado central. Están arruinando el país, vendiendo por adelantado el futuro de todos, y esto debemos detenerlo cuanto antes. Todo indica que el denominado Fondo de Ahorro de Panamá, que será aprobado en las sesiones extraordinarias de la Asamblea que inician este lunes 21 de mayo, tiene por objetivo garantizar el pago de esta enorme  deuda con los dineros del Fondo Fiduciario e ingresos de los excedentes del Canal de Panamá, que ya no irían a la inversión en escuelas, hospitales, etc., sino al engorde del bolsillo de corruptas empresas transnacionales que se han prestado a tales desaguisados.

Hemos de alertar igualmente sobre el grave peligro que se cierne sobre el próximo proceso electoral, ya que la mayoría de Magistrados que controla el Ejecutivo en la Corte Suprema, así como el próximo nombramiento de tres nuevos Magistrados en una inconstitución Sala V, así como la aprobación de unas reformas electorales hechas a la medida de los intereses del actual gobierno, a contrapelo de lo consensuado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, nos indican que existe un peligro cierto y fundamentado que se pretende permanecer en el poder más allá del mandato constitucional, utilizando para ello métodos espurios definitivamente reñidos con las más elementales normas y prácticas democráticas.

De ahí el curso seguido para la militarización de la Fuerza Pública, en abierto desafío a nuestra actual prohibición constitucional, lo que tiene por objetivo el sometimiento de la ciudadanía a lo que ya podemos definir como una Dictadura Civil. Centenares de millones de dólares se han invertido tras dicha aberrante militarización, utilizando como excusa la lucha contra el narcotráfico, cuando ahora las últimas estadísticas criminales nos revelan que el mayor peligro a nuestra seguridad no es el crimen organizado sino la violencia social.

Cobra fuerza entonces la interpretación que debe darse a los constantes ataques a la libertad de expresión, utilizando para ello las demandas civiles y penales, así como todo tipo de amenazas, utilizando incluso como instrumento de persecución a la Dirección General de Ingresos. Se trata de emplear todos los medios bastardos para acallar la crítica y el disenso.

Mientras todo ello ocurre, se revela que más del 50% de la fuerza laboral del país está ocupada en empleos informales, es decir, carentes de servicios de salud, vacaciones, jubilación, etc. En tales condiciones, el hambre se enseñorea en nuestro pueblo campesino e indígena, así como en los cinturones de miseria que rodean nuestras urbes. Súmese a ello la sistemática represión inaceptable que lleva a cabo el gobierno contra gremios y sindicatos, cuyo ejemplo más inmediato es la criminal persecución que realiza en estos momentos contra la dirección de los gremios de la Caja de Seguro Social, intentando así quebrar y decapitar la justa huelga que los trabajadores de la salud realizan en defensa de una mejora de las prestaciones laborales y de salud de dicha institución.

Por otra parte, es evidente el deterioro progresivo de todos los servicios públicos, tales como el de agua, recogida de basura, transporte, educación, etc., resultado de la falta de inversiones sociales, dado el haber priorizado enormes inversiones en megaproyectos con igualmente enormes “sobre costos”, y que en lo inmediato no son ni urgentes ni de necesidad inmediata.

Mientras ilusamente los partidos políticos ponen sus miras en las elecciones de 2014, sin saber siquiera si las mismas se van a realizar, y aunque se realicen en nada resolverán los enormes y urgentes problemas del pueblo panameño, la Asamblea Ciudadana levanta su voz para exigir que se establezcan verdaderos mecanismos de consultar populares y, convocar- al pueblo panameño a la lucha por una Asamblea Constituyente, ya y ahora, que sea democrática, inclusiva, verdaderamente participativa, en la que todos los sectores sociales puedan decidir, mediante un nuevo pacto social, sobre el país solidario y respetuoso de los Derechos Humanos en que nos merecemos vivir.

Aprobado por la Quinta Asamblea General de la Asamblea Ciudadana en Panamá, a los 19 días del mes de mayo de 2012.